Ayer el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, concretó los cinco pilares sobre los que se sustentará su política en este sentido y aseguró que variará la normativa sobre la salvaguarda del dominio público marítimo terrestre “con el objetivo de hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y con la seguridad jurídica”. En este sentido, la diputada popular nacional por Castellón Andrea Fabra señaló que se tratará de combinar “la instalación de chiringuitos y las casas levantadas antes de 1988 y que tenían derechos adquiridos”.
Precisamente, esta es una de las principales reivindicaciones de la provincia debido a las órdenes de derribo para inmuebles situados a primera línea del litoral al estar ubicados en terreno público. Una circunstancia provocada, a su vez, por la paulatina regresión marina, ya que esas viviendas, cuando se construyeron, estaban fuera del espacio delimitado. En cuanto a los locales de ocio, Castellón también reclama poder instalarlos, ya que las estrictas medidas impuestas han obligado a desplazar estos negocios, que contribuyen a mejorar el turismo, una de las mayores fuentes de ingresos para Castellón.
En la provincia hay más de 600 casas en el punto de mira debido a los nuevos deslindes marcados por el anterior Ministerio. El diputado provincial y alcalde de Nules, Mario García, consideró de “sentido común” este cambio. Y es que su localidad es una de las más afectadas, con 200 inmuebles en peligro. Asimismo exigió al Gobierno que comunique “desde el minuto cero al jefe provincial de Costas, Ignacio Gil, que debe paralizar las demoliciones”.
Gil todavía ejerce en funciones e incluso estuvo presente hace unas semanas en el derribo sorpresa del puente sobre el río Chinchilla en Orpesa. Una decisión que dejó sin acceso por el litoral al complejo Marina d’Or.
OTRAS MEDIDAS // Otras acciones que anunció Cañete en esta materia son la conservación y recuperación de zonas marítimas y de terrenos degradados, así como la puesta en valor de las playas, entre otros. Para el presidente de la Diputación, Javier Moliner, el anuncio supone que el Gobierno haya asumido la mitad del decálogo de reivindicaciones que le transmitió a Mariano Rajoy para esta legislatura. “Estoy muy orgulloso de tener un ministro que se moja por hacer justicia con las reivindicaciones sobre Costas”, dijo.
Además, Moliner destacó con la reforma “no solo no se lesionan las propiedades públicas o privadas, sino que, además, se pueden emprender acciones de dinamización económica”, en referencia a los chiringuitos playeros.
Por otro lado, afirmó que “ante esta ágil respuesta del Estado, hemos puesto fin a ocho años de pesadillas en que el exgobierno socialista había metido a esta provincia en deslindes costeros”.
La misma tesis sobre la celeridad estatal sostiene Andrea Fabra, aunque insistió en que “durante la modificación de la ley se deben tener en cuenta las circunstancias de Castellón y la problemática de la provincia, pero me consta que el Ministerio es consciente de lo que ocurre y su disposición es inmejorable”.
En la misma línea se pronuncia García: “hay que vigilar los cambios y contar con Castellón”. Sin embargo, resaltó “la implicación, el trabajo y la lucha de la plataforma provincial de afectados por conservar sus casas”
El Mediterráneo, edición papel
